Informe advierte un fuerte acento punitivo en la agenda de seguridad pública durante el gobierno de Gabriel Boric
El trabajo realizado por el académico UDP Claudio Fuentes analiza las 54 normas aprobadas sobre esta materia durante la administración del mandatario. En este, alerta que el enfoque en leyes punitivas podría desviar la atención de áreas cruciales como la investigación criminal, el rastreo de dinero ilícito y referidos al sistema penitenciario.
Un informe realizado por el académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, analizó los proyectos legislativos relacionados con la seguridad pública presentados al Congreso Nacional entre el 11 de marzo de 2022 y el 19 de abril de 2024. La investigación tuvo como objetivo indagar específicamente sobre el tipo de temáticas abordadas por estas normas, así como las instituciones comprometidas por los cambios.
El estudio revela que durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se han aprobado 54 leyes de seguridad pública, siendo la administración con el mayor número de proyectos ratificados en esta materia entre 1990 y 2021. De éstas, el 59.6% se enfocan en políticas punitivas (normas que acentúan el control y el castigo) y el 40.4% en medidas preventivas (destinadas a mejorar la institucionalidad para evitar problemas futuros).
Asimismo, de los 54 proyectos aprobados hasta la fecha de elaboración del informe, 28 incluyen ámbitos de penalización, ya sea tipificando delitos, agravando penas o estableciendo límites o exigencias mayores a las solicitudes de libertad condicional. Esta mayor preocupación por leyes centradas en las sanciones, señala el informe, puede limitar la atención a otros ámbitos igualmente importantes, como la investigación criminal, la identificación de rutas de dinero ilícito, y el control sobre las instituciones a las que se otorgan mayores atribuciones (policías y Fuerzas Armadas).
Para llevar a cabo el análisis, el autor revisó en total 1.917 proyectos presentados en el Congreso Nacional, de los cuales 429 involucran directamente temas relacionados con la seguridad pública ciudadana. Las principales propuestas tienen que ver con medidas para endurecer penas y limitar las salidas alternativas a condenados, que representan el 46% del total. Le siguen políticas de prevención, con un 13%, y reformas (principalmente al Código de Procedimiento Penal), con 9.7%. Posteriormente, el autor analiza las leyes aprobadas por el Congreso Nacional.
El académico Claudio Fuentes identifica dos momentos críticos en la presentación de propuestas en el ámbito de la seguridad: agosto de 2022 y abril de 2023. “Esto tiene una explicación coyuntural asociada a un fuerte debate público sobre la delincuencia”, explica.
“En los cinco primeros meses del gobierno de Boric se debatió intensamente sobre la denominada ‘crisis de seguridad’. Por otra parte, tras el fallecimiento de tres carabineros en servicio, en abril de 2023 el Gobierno y el Congreso Nacional acordaron tramitar de modo prioritario un paquete de proyectos legislativos”, añade.
El estudio detalla que abordar el fenómeno de la criminalidad mediante la creación de nuevos delitos o la ampliación de los existentes no garantiza necesariamente una mejora en las capacidades de detección e investigación de las agencias estatales. Además, el incremento de penas no necesariamente disuade el crimen como se espera. Estas medidas, junto con las fuertes restricciones a beneficios como la libertad condicional y penas sustitutivas, pueden dificultar la reinserción y resocialización de las personas condenadas, además de empeorar la situación de hacinamiento en las cárceles del país.
El sistema penitenciario, el más perjudicado
El informe también presenta las instituciones que se verían afectadas directamente por las propuestas legislativas presentadas entre el 2022 y 2024. En consecuencia, y ya que la mayoría de los proyectos están asociadas con el agravamiento de penas, el sistema penitenciario sería el más perjudicado (37.3%), seguido por las policías (12.4%) y las Fuerzas Armadas (10.1%).
La investigación advierte que, de no mediar una reforma muy significativa al sistema penitenciario, “las reformas legales tendrán un efecto directo en el incremento en los niveles de hacinamiento. Las estadísticas disponibles a la fecha muestran el aumento constante de la población bajo sistema cerrado desde el año 2021 a la fecha, lo que sin duda podría tener consecuencias complejas de no mediar reformas en las condiciones de las cárceles”.
Similarmente, el otorgamiento de mayores poderes a la policía y las Fuerzas Armadas sin existir normas de control del uso de la fuerza, o de aquellos poderes otorgados, podría ocasionar futuros problemas como pérdida de legitimidad social producto precisamente del eventual abuso de tales poderes por parte de dichos funcionarios uniformados.
El informe se encuentra disponible en el siguiente enlace.